El 2 de diciembre de 2024, entra en vigor en España el Real Decreto 933/2021, que establece nuevas obligaciones de registro documental e información para hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos. Esta normativa exige la recopilación y transmisión de hasta 42 datos personales de cada viajero a las autoridades competentes.
Objetivos de la Normativa
El Ministerio del Interior justifica esta medida como una herramienta para mejorar la seguridad ciudadana y la eficacia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La intención es disponer de información precisa e indispensable para las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Preocupaciones del Sector Turístico
La implementación de esta normativa ha generado inquietud entre los profesionales del sector turístico, quienes señalan varios desafíos:
- Carga Administrativa: La obligación de recopilar y transmitir una cantidad significativa de datos añade una carga burocrática considerable, especialmente para pequeñas y medianas empresas que pueden carecer de los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias.
- Protección de Datos: La recopilación de información sensible suscita preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos personales, planteando dudas sobre la compatibilidad de la normativa con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
- Competitividad: Los profesionales del sector temen que el aumento de las obligaciones administrativas pueda afectar negativamente la competitividad de las empresas turísticas españolas, al incrementar los costos operativos y potencialmente desincentivar a los viajeros.
Reacciones del Sector
En respuesta a la entrada en vigor de esta normativa, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a 15.000 hoteles, ha anunciado su intención de recurrir ante los tribunales, argumentando que la medida se ha implementado sin el diálogo adecuado y podría suponer una vulneración de derechos fundamentales.
Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) también ha expresado su oposición, solicitando la exclusión de las agencias de viajes de esta obligación, ya que consideran que su actividad no estaba prevista en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la cual deriva el decreto.
La implementación del nuevo registro de viajeros en España ha generado un debate significativo entre las autoridades y los profesionales del sector turístico. Mientras el gobierno defiende la medida como esencial para la seguridad nacional, los operadores turísticos expresan preocupaciones legítimas sobre las implicaciones prácticas y legales de su aplicación. Será crucial observar cómo evoluciona esta situación y cómo se equilibran las necesidades de seguridad con la operatividad y competitividad del sector turístico español.
